VI Pleno Jurisdiccional Supremo en material Laboral y Previsional

Se ha publicado el VI Pleno Jurisdiccional Supremo en material Laboral y Previsional, realizado en Lima, los días 18 de setiembre y 02 de octubre de 2017.

Este Pleno realiza algunas precisiones e incluso, modificaciones a Plenos anteriores. Mención especial merece la especial atención prestada y regulaciones generadas, relativas al pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo.

A continuación, un resumen de los acuerdos y sus sustentos.

1.  Responsabilidad civil por accidentes de trabajo.

El carácter contractual del deber de seguridad que tiene el empleador para con sus trabajadores no se agota con el cumplimiento de las disposiciones legales, sino que es obligatorio que estemos frente a un empleador diligente, que tome acciones y medidas que permitan reducir al mínimo, tanto la insalubridad como la peligrosidad del centro de trabajo y las labores realizadas.

Esto incluye el cumplimiento de normas de SST, la capacitación permanente, análisis e identificación de riesgos y la fiscalización de cumplimiento de las medidas implementadas.

No es posible, en ninguna circunstancia, que el empleador se sustraiga de sus obligaciones indemnizatorias al trabajador o sus herederos, si no se comportó como un empleador diligente. Por lo tanto, el empleador, como garante de la seguridad y salud en el centro laboral, siempre será responsable por cualquier evento dañoso para la vida o salud del trabajador.

La responsabilidad es atribuida en calidad de culpa leve.

En este ámbito, no importa si se trata de trabajadores bajo contratos a través de terceros o sin vínculo laboral. Siempre habrá responsabilidad, salvo para los casos de terceros civiles, en donde la responsabilidad será extracontractual.

En caso de transacciones, su aplicación es especial en los casos laborales y previsionales, pues la valoración del juez debe realizarse teniendo en cuenta el principio de irrenunciabilidad de derechos. Por lo tanto, la valoración debe respetar la dignidad, sin constituir sumas ínfimas que demuestren desprecio por parte de quien realice el pago, hacia el trabajador.

Cuando se ordene el pago de una reparación, el juez debe evaluar, además, el daño punitivo, con propósitos disuasivos y ejemplarizantes (y no compensatorios). Este pago se realizará cuando se ha determinado que el perjuicio ha estado rodeado de circunstancias que lo hacen particularmente ultrajante, vejatorio o penoso para la víctima. Los casos establecidos son los siguientes:

• Cuando se haya negado la relación laboral.
• Cuando no se haya asegurado al trabajador.
• Cuando se haya negado a brindar auxilio inmediato ante el infortunio laboral sufrido.

A diferencia del daño punitivo en la indemnización por despido incausado y fraudulento, en el caso de accidentes de trabajo, este daño no tiene un parámetro establecido de cálculo. Sin embargo, se ha hecho dos precisiones: i) no debe exceder al total de la indemnización por los demás daños y ii) no puede ser una suma ínfima. Finalmente, el Pleno señala que su pago no necesita ser demandado y que su carácter es accesorio y está supeditado al reconocimiento de los otros daños.

2.  Categoría laboral en la que se debe enmarcar a los policías municipales y al personal de serenazgo.

Los policías municipales y el personal de serenazgo al servicio de las municipales deben ser considerados como obreros. Es decir, deben estar sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

La seguridad ciudadana forma parte de las competencias y funciones de las municipalidades en favor de sus ciudadanos, por lo tanto, constituye una prestación de carácter permanente en el ejercicio habitual de las municipalidades.

Las labores de este grupo de trabajadores, son preponderantemente físicas, sin que ello excluya el valor intelectual de toda actividad humana. En consecuencia, pertenecen a la categoría de obreros y, por tanto, al régimen laboral de la actividad privada.

3.  El cómputo del plazo de caducidad durante los días de paralización de labores de los trabajadores del Poder Judicial.

En el caso de la caducidad, al plazo legalmente establecido para la presentación de la demanda, no se le debe incluir los días de paralización de labores por huelga de los trabajadores del Poder Judicial cuando ello implique una falta de funcionamiento del local judicial o de aquel en el cual se encuentre la mesa de partes respectiva.

El único supuesto para la suspensión del plazo de caducidad es que exista una imposibilidad de accionar ante el Poder Judicial, como es el caso de los días en que no hay despacho judicial, los cuales son: i) sábado, domingo y feriados no laborables; ii) duelo nacional y judicial; iii) inicio del año judicial; iv) día del juez; v) eventos de caso fortuito o fuerza mayor.

La huelga, sea legal o ilegal, impide o restringe el funcionamiento del órgano judicial; por tanto, hay una imposibilidad real de reclamar el derecho ante un tribunal peruano. Entonces, ante una huelga de trabajadores judiciales que implique el cierre efectivo del local judicial, se suspenderá el plazo de caducidad.

4. Aplicación de la plena jurisdicción.

En todos aquellos procesos judiciales de carácter previsional que se encuentren en trámite de ejecución y en los cuales se haya dispuesto el pago de deudas previsionales, los magistrados deberán disponer el pago de los correspondientes intereses generados a consecuencia del incumplimiento de pago de la obligación pensionaria principal. Esto, incluso si no se ha demandado o si hubieran sido declarados improcedentes por la vía procedimental.

La sentencia debe establecer en forma expresa, desde cuándo se calcularán los intereses y, en caso que no ocurra, los intereses serán calculados desde el momento de producida la afectación de los derechos pensionarios del demandante, utilizando la tasa no capitalizable de interés legal establecida por el BCR.

5.    Aplicación del régimen laboral especial de construcción civil en entidades del Estado

Cuando una entidad pública ejecuta obras de construcción civil de carácter individual, bajo la modalidad de administración directa, los trabajadores obreros contratados pertenecerán al régimen laboral especial de construcción civil.

En el régimen de construcción civil se busca proteger los daños que puedan ocasionarse al trabajador, justamente por la actividad que realiza, que implica el riesgo a su vida o salud.  

6.    Procedencia y aplicación de las bonificaciones especiales reguladas por los Decretos de Urgencia N°s. 090-96-EF y 011-99-EF para los pensionistas de empresas del Estado, adscritos al régimen del Decreto Ley N° 20530 y la forma de su cálculo.

Existen pensionistas que se encuentran bajo el régimen 20530 y que pertenecieron a empresas con participación estatal, bajo el régimen laboral del D. Leg. 728. Estas personas tienen estructuras pensionarias propias, más altas que los trabajadores de la actividad pública.

En este contexto, se acordó modificar el IV Pleno Supremo Laboral. Así, respecto a la aplicación de los Decretos de Urgencia N°s. 090-96-EF y 011-99-EF, los pensionistas del D. Ley 20530, que hayan cesado bajo el régimen de la actividad privada, podrán percibir las bonificaciones que regulan los Decretos de Urgencia, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

• Haber tenido la calidad de pensionista cuando entraron en vigencia los Decretos de Urgencia.
• Que no hayan aumentado sus pensiones a virtud a convenios colectivos o aumentos por los mismos Decretos.
• No se tratará de pensionistas que reciben reintegros por otras bonificaciones.
• No sobrepasar el monto mensual de pensión, de 2 UITs.

7.   Reconocimiento del derecho pensionario del causante, planteado por sus herederos.

El derecho a la pensión es personalísimo e intrasmisible, y, por tanto, no se puede transmitir en un acto entre vivos.

Los herederos de la persona que fallece sin haber reclamado su derecho a pensión, no heredan el derecho a pensión, sin embargo, sí heredan los efectos patrimoniales de dicho derecho; pero para ello, el asegurado debió por lo menos iniciar el procedimiento de reconocimiento de pensión, administrativa, o judicialmente.

Los herederos pueden solicitar el ejercicio de la sucesión procesal para que se cumpla con el pago del monto devengado hasta la muerte del causante.

Tienen legitimidad para solicitar en vía administrativa y/o judicial, la pensión de jubilación del asegurado, su nivelación o actualización, sus sobrevivientes que, en este caso, son su cónyuge, los hijos menores de edad, los hijos incapacitados para el trabajo, hijos mayores que sigan estudios superiores con éxito y ascendientes del asegurado; ello, siguiendo el orden de prelación establecido por ley.